La ministra María Jesús Montero ha presentado el paquete de medidas fiscales que permiten avanzar hacia un sistema tributario más justo al contemplar una mayor contribución de los grandes patrimonios y las grandes empresas, mientras se recogen bajadas fiscales quirúrgicas en favor de las rentas bajas, de los autónomos y de las pymes.

El objetivo es lograr una mayor cohesión social y un reparto más justo de la crisis bajo la premisa de que aporten más quienes más tienen. En este sentido, la ministra Montero ha resaltado que las medidas de este nuevo paquete van en línea con las adoptadas desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. „Nuestro sistema fiscal es más justo y progresivo que al inicio de la legislatura”, ha señalado la titular de Hacienda.

Montero ha recordado que la política fiscal progresiva y de protección social también se ha reflejado en la manera de abordar el impacto de la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania. En este sentido, la ministra ha recordado las medidas adoptadas, por un lado, para proteger a la mayoría social del país, como la bajada de impuestos de la electricidad y del gas que va a permitir un ahorro de más de 10.000 millones de euros a las familias y el tejido productivo.

Pero también mediante ayudas destinadas a la clase media y trabajadora como la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante o la gratuidad del transporte público de Cercanías y Media Distancia, además de medidas para los colectivos más vulnerables como el incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital o las pensiones no contributivas y ayudas directas a los sectores más afectados como el transporte o la industria gasintensiva.

La ministra ha subrayado que esas medidas de alivio para la mayoría social del país también han ido acompañadas de iniciativas para que quienes más tienen aporten más mediante un gravamen para las empresas energéticas y los bancos.

Nuevo paquete de medidas
La ministra Montero ha explicado que el paquete de medidas presentado hoy es coherente con la política fiscal del Gobierno y profundiza en un modelo fiscal pensado para „la mayoría social del país, que fortalece los cimientos de la sociedad y genera oportunidades, eficiencia económica y prosperidad”.

Estas medidas, que se incorporarán en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 o en leyes que permitan su puesta en marcha el próximo año, actuarán sobre los grandes patrimonios, las grandes empresas, a través de impuestos tan relevantes como el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades.

En concreto, entre las medidas incluidas para aumentar la aportación de quienes más tienen se enmarca el anuncio de crear un Impuesto de Solidaridad de las grandes fortunas que afectará a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros. Para evitar la doble imposición los sujetos pasivos del Impuesto de solidaridad solo tributarán por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su Comunidad Autónoma.

El tipo del impuesto será del 1,7% para los patrimonios entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5 millones y 10 millones; y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10 millones de euros.

Se trata de un impuesto estatal de carácter temporal para los años 2023 y 2024, aunque se incluirá una cláusula de revisión para evaluar al término de su vigencia si es necesario mantenerlo o suprimirlo. El potencial de contribuyentes afectados se sitúa en 23.000 contribuyentes, el 0,1% del total y el impacto recaudatorio potencial alcanza los 1.500 millones.

Rebaja del IRPF al 50% de los trabajadores con menores ingresos
También se incluyen medidas en el IRPF para avanzar en el objetivo de reducir la brecha de tributación entre las rentas del capital y las rentas del trabajo. Para ello se incrementa un punto, hasta el 27%, el gravamen para rentas del capital entre 200.000 y 300.000 euros. Asimismo, se eleva hasta el 28% el gravamen para rentas del capital superiores a 300.000 euros. Esta medida afectará a 17.814 contribuyentes y tendrá un impacto superior a los 200 millones.

Asimismo, para ayudar a los contribuyentes que más lo necesitan, el Gobierno ampliará la actual reducción por rendimientos del trabajo. Actualmente, este beneficio fiscal se aplica a rentas brutas hasta 18.000 euros y el Gobierno ampliará y elevará la reducción hasta alcanzar contribuyentes con un salario bruto del trabajo de 21.000 euros. Es decir, no sólo habrá más beneficiarios, sino que la ayuda fiscal será mayor.

La ministra de Hacienda ha hecho hincapié en que esta medida no implica una deflactación de la tarifa ni supone modificar tramos y tipos impositivos.

La reducción por rendimientos del trabajo operará sobre sueldos brutos entre 15.000 y 21.000 euros, cifra que equivale al salario mediano de España. Es decir, esta medida supone aplicar una rebaja para el 50% de trabajadores, que lograrán un ahorro de 1.881 millones de euros.

Una consecuencia de la ampliación de la reducción por rendimientos del trabajo es que el mínimo de tributación para un contribuyente soltero y sin hijos sube de 14.000 euros a 15.000 euros. Ello es relevante y garantiza, por ejemplo, que un trabajador que hoy gana el SMI, fijado en 14.000 euros, no tributará por IRPF cuando el Gobierno aumente el Salario Mínimo Interprofesional en 2023. También supone que un trabajador que hoy gana 14.500 euros y tributa por IRPF dejará de pagar el impuesto.

En el caso de un asalariado con dos hijos que presenta la declaración conjuntos, el mínimo de tributación aumenta de 18.000 euros a 19.000 euros por el incremento de la reducción de los rendimientos del trabajo.

Ahorro para los autónomos
En el paquete de medidas fiscales también hay medidas dirigidas a aliviar la situación de los autónomos, un colectivo prioritario para el Gobierno. De esta forma, la ministra ha anunciado que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 incluirá una rebaja adicional en el IRPF de cinco puntos porcentuales en el rendimiento neto de módulos, lo que permitirá que 577.688 autónomos se ahorren 68 millones.

Además, los autónomos que tributan por estimación directa simplificada aplican actualmente una reducción automática del 5% del rendimiento neto con un importe máximo anual de 2.000 euros. Aquí entran lo que se conocen como gastos deducibles de difícil justificación. El Gobierno elevará en los próximos Presupuestos hasta un 7% el porcentaje de reducción. Eso beneficiará a 956.452 autónomos que verán reducida su factura fiscal en 116 millones de euros.

Además, la ministra de Hacienda también ha anunciado que se prorrogará un año más los límites vigentes de exclusión en el sistema de módulos. Esta decisión implica que más contribuyentes podrán seguir tributando a través de este sistema, lo que supone un ahorro de 124 millones.

Más aportación de las grandes empresas y rebajas para las pymes
Otras medidas anunciadas tienen que ver con el Impuesto de Sociedades. La ministra Montero ha recordado que desde el inicio de la legislatura el Gobierno ha aprobado medidas para que las grandes empresas y multinacionales aporten más. Ahí se enmarca la tributación mínima del 15% para grandes empresas y grupos consolidados o limitar al 95% la exención de dividendos y plusvalías.

Siguiendo esa línea y en consonancia con un reparto justo de la crisis, la ministra de Hacienda y Función Pública ha anunciado que se impulsará en el Congreso de los Diputados un cambio normativo que limitará en un 50% la posibilidad de compensar las pérdidas en los grupos consolidados. No se trata de un incremento fiscal, sino que se difiere la posibilidad de compensar las bases imponibles negativas.

Se trata de una medida temporal que permitirá aumentar la recaudación en 2.439 millones entre 2023 y 2024 y que afectará solo a 3.609 empresas, que apenas representan el 0,2% de los declarantes del Impuesto sobre Sociedades.

Por otra parte, para aliviar también la situación de las pequeñas empresas, la ministra ha señalado que se rebajará el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades del 25% al 23% para las pymes con una facturación de hasta un millón de euros. Esta medida beneficiará a 407.384 empresas que se ahorrarán 292 millones.

Con esta batería de medidas fiscales, unidas a las actuaciones realizadas durante los últimos años, la ministra de Hacienda se ha mostrado convencida de que España ganará en eficiencia económica, productividad y cohesión social. „No hay mejor defensa de la clase media y trabajadora que fortalecer nuestros servicios públicos universales”, ha indicado.

Además, tal y como se había comprometido, el Gobierno también aprobará una rebaja del 10% al 4% el IVA de los productos de higiene femenina (compresas, tampones, protegeslips), preservativos y anticonceptivos no medicinales.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa sobre las nuevas medidas fiscales.

Más información Presentación de las medidas fiscales para la justicia social y la eficiencia económica (PDF) Etiquetas: Presupuestos Generales del Estado

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