La Comunidad de Madrid entrega una nueva promoción de viviendas de alquiler asequible en Alcorcón, municipio que suma 822 casas del Plan Vive

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado junto a los adjudicatarios de esta urbanización de la calle Diversidad de la ciudad, que cuenta con 50 pisos de un dormitorio, 54 de dos y 30 de tres, con garaje y trastero, además de servicio de conserjería, piscina y gimnasio en las zonas comunes. “El Gobierno regional se ha volcado con Alcorcón que se convierte en una de las poblaciones que mayor oferta de inmuebles ha recibido del Ejecutivo autonómico”, ha recordado.

“El Plan Vive es una fórmula de colaboración público-privada que funciona y que ya ha permitido que 2.480 familias de una veintena de municipios cuenten con un hogar”, ha asegurado el consejero quien, asimismo, ha anunciado que “muy pronto entregaremos otros 1.800 inmuebles, en los que ya es posible inscribirse, y 3.800 que se están construyendo”.

La otra promoción recientemente adjudicada de la localidad, de 140 pisos, se encuentra en la calle Vicente Ferrer y consta de 52 de un dormitorio, 58 de dos y 30 de tres. En ambos casos, los precios oscilan entre los 415 euros para los de una estancia y los 741 euros de mayores dimensiones.

Rodrigo ha recordado el gran número de solicitudes recibidas, cerca de 12.000, que “reflejan la calidad de unas edificaciones que cumplen con criterios rigurosos de eficiencia energética que permiten un gran ahorro energético y que se han levantado, en parte, gracias a la construcción industrializada, que acorta los plazos de finalización de las obras y minimiza el impacto ambiental”.

El principal requisito para optar a estas casas es que la persona solicitante la dedique a residencia habitual y no tenga ningún otro inmueble en propiedad a su nombre en todo el territorio nacional. Igualmente, tienen prioridad los empadronados en el municipio donde estén ubicados o los que desempeñen su puesto de trabajo en la localidad desde hace al menos tres años. Además, se toma en consideración el límite de gasto, ya que no se puede destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago de la renta total por año.