La Comunidad de Madrid incorpora dos perros especializados para investigar las causas de los incendios forestales

El director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), Pedro Antonio Ruiz, ha visitado hoy en San Sebastián de los Reyes el escenario de un incendio forestal para ver el trabajo de estas brigadas. Gracias a ellas, este año se ha identificado a los autores de 67 siniestros, abriéndose 14 procedimientos penales, y se ha logrado esclarecer el origen del 85% de estos sucesos, que llegaron a 248. De ellos, el 38% fue intencionado, determinándose su origen en el control de la fauna silvestre y actividades agrícolas, ganaderas o cinegéticas, más frecuentes a finales de invierno o principios de primavera, considerado como un periodo de bajo riesgo.

Esta cifra ha crecido un 4% con respecto al año anterior, entre otras razones por la actuación de un presunto pirómano que pudo provocar hasta 32 fuegos en zonas de alto valor ecológico, entre los términos municipales de El Escorial, Zarzalejo y Navalagamella, y contra el que la Administración autonómica se ha personado como acusación particular.

La segunda causa se debe a negligencias (25%), fundamentalmente por la quema de residuos o restos agrícolas, el uso de maquinaria en el monte o los actos vandálicos, como la quema intencionada del villano de los chopos (una especie de pelusa). El 17% fue por motivos accidentales; un 15% tuvo un origen desconocido; el 3% fue causado por rayos, y un 2% por reproducciones de incendios anteriores.

Jornada técnica con la Fiscalía de Medio Ambiente 

El Cuerpo autonómico de Agentes Forestales y los fiscales de medio ambiente de la Comunidad de Madrid se reúnen periódicamente en jornadas técnicas para analizar los delitos contra el entorno natural. Precisamente hoy se ha celebrado uno de estos encuentros, en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) en Pozuelo de Alarcón.

Causar incendios de manera intencionada, bien sea por negligencia o imprudencia, está tipificado en el Código Penal. En aquellos casos en los que pueda haber un presunto delito, estos servidores públicos, en su condición de policía judicial, remiten las diligencias de investigación y el informe técnico a la Fiscalía de Medio Ambiente y a los juzgados.

De manera paralela a la extinción, se desplazan al lugar de los hechos para indagar las causas. Cuentan con dos equipos y 21 efectivos que realizan una investigación minuciosa hasta llegar al lugar exacto, en el que se pueden encontrar evidencias que revelen el medio de ignición, así como diferentes pruebas que deben ser custodiadas.