La Comunidad de Madrid reducirá cargas burocráticas y administrativas para aunar crecimiento económico y demográfico con el cuidado del entorno natural

El proyecto se ha enriquecido tras el trámite parlamentario con la incorporación de 19 enmiendas y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial (BOCM). La nueva norma persigue no solo impulsar el desarrollo económico y urbanístico, sino también posicionar a Madrid como referente en políticas sostenibles, desarrollo tecnológico y planificación estratégica.

También se centra en aumentar la oferta de vivienda; seguir avanzando en los objetivos de descarbonización; garantizar el relevo generacional del sector primario; combatir la despoblación en las zonas rurales, y blindar la prestación de los servicios públicos para la gestión del ciclo del agua.

En materia urbanística, la Ley se centra en la simplificación de procesos urbanísticos, adelantando los plazos para solicitar la licencia desde el momento de la reparcelación y mejorando la agilidad en el trámite de licencias, además de fomentar la eficiencia energética en los edificios y potenciar el desarrollo de viviendas en municipios en riesgo de despoblación.

La reforma incluye medidas para los grandes desarrollos en curso como Valdecarros o Los Berrocales o el futuro Madrid Nuevo Norte, en la capital. Los propietarios podrán solicitar licencias de edificación antes de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. Asimismo, los ayuntamientos podrán avanzar en su planeamiento mientras se sigue tramitando la nueva reforma integral de la Ley del Suelo e incluir más dotaciones públicas y espacios verdes.

Impulsa la competitividad y sostenibilidad del sector agrario 

Los cambios también benefician a agricultores y ganaderos, ya que se reducen las autorizaciones urbanísticas y se modernizan los regadíos, lo que supondrá un ahorro de agua y mejorará la rentabilidad del sector primario. De la misma forma, permite más usos y actividades en suelo rural no urbanizable, junto a la comercialización directa de los productos agroalimentarios en las instalaciones, para una mayor competitividad.

El Ejecutivo regional podrá desarrollar Planes de Protección del Paisaje, compatibilizando el cuidado del patrimonio natural con los usos tradicionales de zonas rurales, flexibilizando las reparaciones de caminos, tapias de piedra o infraestructuras ganaderas para contribuir al desarrollo, y frenar la despoblación.

La normativa agiliza igualmente la aprobación de proyectos de obras de infraestructuras hídricas y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos relacionados con la gestión del ciclo del agua.  Así, se habilita un procedimiento exprés para las obras de interés público de Canal de Isabel II y se elimina el Plan Especial de Infraestructuras para obras, lo que permitirá agilizar las incluidas en el Plan Sanea en 59 municipios.

Facilita la instalación de infraestructuras esenciales 

Por otra parte, la Ley facilitará la instalación de infraestructuras esenciales como las redes de transporte eléctricas y de telecomunicaciones, sin necesidad de planes especiales, reduciendo de esta manera hasta dos años su periodo de tramitación. Entre otros, se fomentará la instalación de Centros de Procesamiento de Datos (CPD) en Suelo Urbanizable No Sectorizado, mediante la fórmula de Proyecto de Actuación Especial. Asimismo, elimina los Planes Especiales de Infraestructuras para la distribución o transporte de energía.

La entrada en vigor de la Ley Estatal de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales requiere adaptar la normativa autonómica, y la normativa aprobada por la Asamblea madrileña lo contempla para evitar así contradicciones y aportar mayor seguridad jurídica y coherencia en el conjunto del ordenamiento jurídico español en esta materia.