La Comunidad de Madrid ultima los preparativos para empezar a construir esta primavera la Ciudad de la Justicia

Las empresas adjudicatarias entregarán los proyectos básicos antes de que finalice 2024, para posteriormente presentar la maqueta a lo largo del próximo primer trimestre y, después, arrancar los trabajos que tienen un plazo de finalización de 48 meses. 

El nuevo complejo ocupará alrededor de 236.000 metros cuadrados sobre rasante y 198.000 por debajo, en un solar con una superficie de 132.000, con un aumento del 61% del espacio respecto a la suma de toda el área de la que disponen estos organismos en la actualidad. Además, se crearán zonas de adicionales para absorber el crecimiento de este servicio público durante los próximos 40 años.

La edificación está dividida en dos lotes. El primero, con una inversión de 195 millones, incluye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Audiencia Provincial (órdenes Civil y Penal), servicios administrativos polivalentes, aparcamiento público con 2.900 plazas, otro con 462 para jueces, magistrados y letrados, entrada y urbanización de la plaza de acceso. El segundo, por un valor de 458 millones, contiene los espacios destinados a las jurisdicciones Civil, Penal, Social y Contencioso-Administrativo, Fiscalía, archivos, depósitos, dependencias de seguridad y otros usos.

A todo ello se suman las actuaciones previstas a lo largo de esta Legislatura sobre el 90% de todas las infraestructuras judiciales, con una inversión de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local superior a 830 millones de euros. 

UN AÑO DE ACUERDOS

A lo largo de 2024, la Comunidad de Madrid también ha firmado importantes convenios en esta materia, como el rubricado recientemente por la presidenta Díaz Ayuso con los Ilustres Colegios de la Abogacía de Madrid, de Abogados de Alcalá de Henares y Procuradores de Madrid para reforzar la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio. 

Se trata del primer pacto a largo plazo en España entre una Administración Pública con estas competencias transferidas y todos los colegios profesionales de este ámbito. Supone un aumento del 29% en la inversión para la salvaguarda de este derecho recogido en el artículo 119 de la Constitución Española, pasando de 51,6 millones en 2023 a los 66,6 millones.

Además, en febrero de este mismo año, se alcanzó por primera vez un acuerdo por unanimidad con todos los sindicatos, para mejorar las condiciones económicas y laborales de los más de 7.200 funcionarios de la región dedicados a este ámbito.

Por último, el Gobierno autonómico ha sido el primero en España que ha regulado la figura del experto facilitador judicial, con más de 150 profesionales acreditados que prestarán apoyo a personas con discapacidad en juzgados y tribunales.